El jueves de la semana pasada, Matteo Renzi se desayunó con los huevos crudos que le arrojaron unos sindicalistas en la puerta de la factoría de Alcatel de Monza, pero por la noche cenó en un restaurante de lujo de Milán junto a 600 empresarios que habían pagado 1.000 euros por cabeza para financiar al Partido Democrático (PD). La flor y nata de la sociedad milanesa aplaudió a rabiar al primer ministro cuando le pidió relaciones formalmente: “He dicho que voy a cambiar Italia y la voy a cambiar. Con vuestra ayuda será más fácil”.

La jornada anterior, Renzi había invitado a comer a Silvio Berlusconi en el Palacio Chigi para intentar desbloquear junto al todavía líder del centroderecha la reforma electoral, pero, apenas unos días atrás, el primer ministro italiano ni siquiera se pasó a saludar a los secretarios generales de las principales centrales sindicales que habían acudido al mismo lugar –la sede de la presidencia del Gobierno—para tratar de suavizar la reforma laboral.

El desprecio hacia los sindicatos y la vieja izquierda del PD que Renzi jamás se había molestado en ocultar —los considera parte de la casta anquilosada que frena el desarrollo del país— se ha convertido en las últimas semanas en una guerra sin cuartel. Susanna Camusso, la líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el sindicato mayoritario del país, se está planteando la convocatoria de una huelga general contra el Gobierno. Su única duda es si logrará movilizar a los trabajadores contra Renzi.

No hay peor cuña que la de la misma madera. Berlusconi, un empresario metido a político, tuvo que tragarse sus ganas de eliminar el artículo 18 [la célebre disposición del estatuto de los trabajadores que hacía imposible el despido libre] después de que los sindicatos lograran sacar a la calle a millones de manifestantes. Y sin embargo Renzi, el secretario general del PD, está a punto de conseguirlo. Un regalo caro para el mundo empresarial si se tiene en cuenta que nunca un partido italiano de izquierda había roto relaciones con un sindicato formado en su gran mayoría por sus propios votantes.

Y no parece que se trate, como resaltaba muy gráficamente el periodista Enrico Deaglio en las páginas de Il Venerdi, de un desacuerdo puntual, sino de una ruptura más profunda: “Por primera vez en su historia, un partido italiano de la izquierda ha roto con el sindicato, con su visión del mundo, su lenguaje, su burocracia, su peso político, su historia. Sin respeto, sin dar las gracias. Más bien, como un acto de liberación”.

En la sede de la CGIL reina un ambiente de luto. Se barruntaban que Renzi no era uno de lo suyos —de hecho, Susanna Camusso apostó públicamente por Pier Luigi Bersani en las primarias del centroizquierda—, pero jamás pensaron que se atreviera a tanto. Por un lado, el primer ministro, a través de sus colaboradores, ha enviado a los sindicatos el siguiente mensaje: “El Gobierno no debe negociar con los sindicatos porque las leyes se escriben en el Parlamento. Si los sindicalistas quieren negociar el contenido de las leyes, que se presenten a las elecciones. Las posiciones sindicales no deben tener ninguna influencia sobre los planteamientos del Gobierno ni sobre los resultados electorales del PD”.

Por si esa enmienda a la totalidad no fuese suficiente, Renzi también ha enviado un mensaje a los trabajadores en forma de cheque al portador: sin necesidad de negociación salarial, ni manifestaciones, ni huelgas, aprobó nada más llegar al Gobierno una paga de 80 euros mensuales para todos aquellos empleados que ganen menos de 1.500 euros al mes. En total, 10 millones de trabajadores italianos a los que tal vez no les interese que los sindicatos intenten descabalgar a Renzi del Gobierno.

A pesar de todo, hace un par de semanas, la CGIL logró movilizar en Roma a decenas de miles de personas contra la reforma laboral. “Esta manifestación”, advirtió Camusso, “es solo el principio. Que se preparen para la huelga general”. Renzi ni se dio por aludido.

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