El 73% de los puntos de venta de carburantes en España siguen perteneciendo a grandes petroleras, situación de oligarquía en la práctica que sigue siendo investigada por la CNMC y que obliga al Gobierno, directamente, a evitar que las grandes marcas abran nuevas estaciones. España es, además, de los países que más gasolineras tiene por habitante.

El hecho de que Industria siga teniendo que regular mediante resoluciones la implantación de estos operadores en estas provincias responde a un hecho que no termina de corregirse; tres de cada cuatro puntos de venta de carburantes en España siguen siendo titularidad de las grandes petroleras, mientras que la cuota de mercado de hipermercados, estaciones independientes y cooperativas apenas alcanza el 27%. Son datos de la Asociación de empresas Operadoras de Petróleo (AOP) correspondientes a finales de 2013.

Y que demuestran hasta qué punto el mercado de los carburantes en España continúa siendo un coto vedado a unas pocas marcas, petroleras que abusan de los consumidores y que se precian de mantener el coste de la gasolina en máximos históricos a pesar de que el petróleo lleva semanas bajando. En todo el territorio peninsular, sólo hay nueve provincias que no tienen un operador petrolífero que supere un 30% del mercado (Álava, Badajoz, Cádiz, Huelva, Jaén, Lérida, Teruel, Toledo y Valencia). Según la normativa vigente, las petroleras que superan ese porcentaje del mercado en una determinada zona no pueden abrir nuevas gasolineras.

Pero aún así las prácticas oligárquicas de estos pocos operadores continúan, y la CNMC continúa investigando la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el sector. "La similitud de precios entre los principales operadores en un producto commodity, de márgenes reducidos, no indica falta de competencia", dice la AOP en su memoria anual. "El modelo de distribución en España es consecuencia de la competencia sana entre todos los agentes participantes en el mercado". Si es así, y el problema realmente es de modelo energético, entonces urge una regulación que abarate un bien de primera necesidad como es el carburante para transporte.

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Es vergonzoso que un gobierno permita que sus ciudadanos paguen por los combustibles de automoción lo que se esta pagando, cuando el petroleo ha bajado hasta los 80 dolares.