"¿Tenía que haber puesto la Comunidad de Madrid en conocimiento de la Fiscalía lo que estaba sucediendo en el colegio Valdeluz? La familia de una de las víctimas acudió en 2007 al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil, dependiente del Ejecutivo regional, a pedir asesoramiento. Allí se les aconsejó, como se hace «siempre» en estas circunstancias, que denunciaran al profesor.
El abogado Robinson Guerrero, especializado en acoso en el ámbito escolar, piensa todo lo contrario: «La Comunidad de Madrid no sólo podía haber denunciado, sino que tenía la obligación legal de hacerlo, máxime con su misión es la de velar por la protección de los menores». A su juicio, «dependiendo del grado de información» que tuvieran los empleados públicos que atendieron a la familia en 2007, «podrían haber incurrido en una especie de prevaricación»."
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