Os dejo copia de este artículo que me he encontrado por webs y que está dando mucho que hablar. Está sacado del blog Comprender el mercado energético, el déficit tarifario, el papel del lobby eléctrico y el nuevo modelo energético. (II) - Innovación para el desarrollo.
Es largo, pero muy esclarecedor de lo que está pasando con el tema de la factura de la luz.
Comprender el mercado energético, el déficit tarifario, el papel del lobby eléctrico y el nuevo modelo energético.
Estos últimos años la energía eléctrica está siendo noticia casi a diario, y especialmente los últimos meses. La polémica sobre el déficit tarifario, la rentabilidad de las energías renovables, la necesidad de mantener o no las primas a las energías verdes, el precio de la energía, etc., forma parte de los titulares de los periódicos junto con las noticias de los recortes y la crisis económica en general.
Por ser un tema largo, lo dividiré en dos partes. En esta primera parte expondré en qué consiste el déficit tarifario y de dónde proviene, con una primera aproximación al mercado energético y otros conceptos relacionados, esbozando el planteamiento del marco o las claves de solución del problema, que serán objeto de la segunda parte, en la que se explicarán en detalle los conceptos necesarios para comprender y solucionar el problema, conceptos tales como los Costes de Transición a la Competencia, los Windfall Benefits, etc.
En síntesis, la patronal eléctrica se queja del déficit tarifario acumulado y de que el gobierno no les autorice de una vez a cobrárnoslo a los consumidores mediante una subida en el recibo de la luz de alrededor de un 20%. Explican además que éste déficit que alcanza ya los 15.000 millones de euros, sigue creciendo especialmente por las primas a las energías renovables, que incrementan los costes de producción.
A primera vista parece una reclamación justa: si hay un déficit tarifario, habrá que pagarlo.
Sin embargo no es tan sencillo como parece. La primera sorpresa es que a pesar de la cuantía enorme del déficit, las grandes eléctricas no pierden dinero, al contrario, ganan y mucho. Y como no parece lógico que puedan obtener esos beneficios si no cobran lo que cuesta producir la energía, debe haber algo que se nos escapa. Lo que ocurre es que déficit tarifario no quiere decir producción por debajo de coste, sino simplemente que no se está cobrando la tarifa que según los acuerdos gobierno-patronal se debería estar cobrando.
Entonces surgen varias preguntas: Si ya obtienen beneficios millonarios ¿por qué les seguimos debiendo dinero? ¿cómo está hecha la tarifa eléctrica para que tenga un déficit semejante? ¿de dónde sacan los beneficios millonarios a pesar de arrastrar el déficit tarifario?
La tarifa eléctrica
El problema viene de lejos, del momento en que se hace la transición desde el monopolio estatal de la producción energética a la liberalización del mercado energético. Hasta entonces el Estado, a través de diversas empresas grandes y pequeñas, organizaba la producción y distribución de la energía, y fijaba los precios de tarifa. Con la liberalización, había que incluir un nuevo proceso, la comercialización, que permitiera la existencia de empresas que sin necesidad de producir energía, ni transportarla, pudieran actuar en el mercado como simples intermediarios entre el productor y el cliente final. Hubo también que crear un sistema de fijación de precios que fuera compatible con el libre mercado.
Así en 1997 se crea un mercado de compra-venta eléctrico, el Mercado Mayorista (conocido como “pool”) gestionado por una operadora española (OMEL – Operador del Mercado de Electricidad). Al mismo tiempo se fijaron los conceptos que formarían parte de la factura eléctrica del cliente final y los mecanismos para fijar la cuantía de cada concepto. Entre los conceptos que componen la tarifa se incluyen por ejemplo las primas a las renovables, o las subvenciones al carbón nacional además de todas aquellas partidas que tienen que ver con la producción energética.
En principio el sistema no estaba mal diseñado, aunque tenía varios elementos potencialmente distorsionadores -resultado de la presión de las grandes compañías- y que efectivamente ocasionó una situación insostenible como la actual.
El primer indicador de que algo fallaba fue el hecho de que el proceso de liberalización y apertura a la libre competencia, en vez de ampliar el número de operadores, eliminó a todas las empresas pequeñas quedando el mercado en posición de oligopolio en manos de las cinco grandes compañías – E.ON, Endesa, Iberdrola, HC y Gas Natural Fenosa- agrupadas en UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica) y que controlan todas las fases del proceso producción, distribución y comercialización de las energías denominadas convencionales: nuclear, hidroeléctrica y térmica de carbón o gas. En cuanto al sector de las renovables, las cinco grandes dominan la producción eólica y condicionan la fotovoltaica y térmica solar en la que coexisten con pequeños productores, pero siguen controlando la distribución y comercialización.
El segundo indicador de que algo fallaba en el sistema se produjo en 2001- 2003, cuando el gobierno de Aznar decidió no autorizar la repercusión del espectacular incremento del coste del petróleo directamente en la factura, por razones electorales. La manera en la que se habían establecido el peso de cada uno de los componentes de la tarifa hacía que el incremento del precio del petróleo tuviera una repercusión en la factura inasumible por los clientes finales.
Se decidió entonces reconocer a las compañías ese déficit tarifario, alargando en el tiempo su traspaso a la factura, incluyendo los intereses del aplazamiento. De este modo las compañías se convertían en prestamistas del cliente final con el aval del propio Estado. De alguna manera se esperaba que los costes de producción volvieran a descender con el tiempo y se pudiera ir absorbiendo ese déficit considerado coyuntural mediante pequeños incrementos progresivos de la factura.
Lo que ocurrió a continuación es que, aunque efectivamente los costes de producción de las energías convencionales se redujeron, no ocurrió lo mismo con los demás conceptos que componen la tarifa. La cuantía total de las primas a las energías renovables, por ejemplo, ha desbordado todas las previsiones, entre otras cosas por una mala gestión del Ministerio de Industria en los últimos años.
Las claves de la solución
La cuestión que se plantea ahora es doble. Por un lado liquidar la deuda pendiente, y por otro traspasar a la factura que pagamos los consumidores todos los costes de la producción, transporte y comercialización de la energía, lo que debe suponer un nuevo cálculo de la tarifa eléctrica.
Desde mi punto de vista la primera clave para solucionar el problema existente es contemplarlo en su conjunto y en su contexto histórico. La segunda clave es contemplarlo desde los principios que queremos que rijan nuestra sociedad. En cualquier caso, por la importancia que tiene todo lo relacionado con la energía en el desarrollo del hombre, la solución del problema no puede ser sólo una cuestión estrictamente legal, y, afortunadamente el déficit tarifario es una oportunidad para reflexionar sobre el modelo energético que queremos y buscar una solución acorde a ese modelo
Una visión global y contextualizada históricamente implica analizar la situación de los actores (empresas, administración y usuarios), analizar la función de la actividad (la producción energética) en nuestra sociedad, analizar los datos concretos (evolución del mercado, composición de la tarifa, beneficios obtenidos por las empresas y los usuarios, etc). Una visión desde los principios implica analizar el problema desde el punto de vista de la sostenibilidad (económica, ambiental y social), buscar una solución justa, democrática y solidaria compatible con el modelo económico de mercado en que nos movemos, teniendo en cuenta que el mercado no está por encima de los principios anteriores, y, por lo tanto en caso de conflicto entre mercados y principios deberían primar los principios. Una visión desde los principios supone como decía anteriormente buscar una solución acorde con el modelo energético que queremos.
Comprender el mercado energético, el déficit tarifario, el papel del lobby eléctrico y el nuevo modelo energético. (II)
Una visión global y contextualizada del problema energético
El déficit tarifario forma parte de un problema muy complejo, como es el modelo energético en el que nos movemos actualmente. No podemos abstraernos del hecho de que la energía es un bien de primera necesidad de la humanidad desde su inicio. No es un artículo de lujo, sino que está en la base de toda actividad económica y social. La vida humana como la conocemos hoy no existiría si el hombre no hubiera amaestrado el fuego hace miles de años. La energía es por tanto un sector estratégico de cualquier economía. Por ello, las soluciones a los problemas del sector energético no pueden ser sólo una cuestión legal o administrativa que competan exclusivamente al gobierno y las grandes compañías, sino que los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de estar informados y participar en la toma de decisiones que afectarán a nuestro futuro como sociedad.
Por ser un sector estratégico, el modelo energético ha de ser conocido y comprendido por todos los actores afectados, y especialmente por sus usuarios, ciudadanos y empresas. La transparencia exige que conozcamos a fondo la situación. En el post anterior intenté una primera aproximación a la punta del iceberg del problema: el déficit tarifario que arrastramos desde 2001 y que a día de hoy está tasado en más de 15.000 millones de euros según los cálculos más conservadores. En este post trataré de encuadrar la situación en conjunto.
En primer lugar conviene conocer todas las ayudas y beneficios colaterales que han conseguido las cinco grandes empresas que monopolizan la producción, distribución y comercialización de la energía y que son los siguientes:
Los Costes de Transición a la Competencia (CTC) son un componente de la tarifa cuyo objetivo era resarcir a las empresas productoras de energía de las posibles pérdidas económicas que pudieran sufrir por la bajada de precios que se produciría al abrirse el mercado a la libre competencia.Se establecieron en un máximo de 8.600 millones de euros que las compañías irían cobrando del recibo de la luz de los usuarios.
Sin embargo, la esperada bajada de precios que justificaba esta compensación económica nunca llegó a producirse, sino todo lo contrario, y nunca se revisó la medida acordada. El resultado de la falta de seguimiento de los CTC fue que en 2006 las compañías eléctricas habían cobrado un 50% más del tope máximo acordado, es decir 12.000 millones de euros, y el gobierno de turno canceló la medida, aunque todavía no se ha procedido a la liquidación final, que como mínimo debe suponer la devolución a los consumidores del plus cobrado.
Sobre estos Costes de Transición a la Competencia habría que decir varias cosas: En primer lugar, los CTC fueron resultado de la presión del lobby energético para conseguir del gobierno una compensación por algo que nunca ocurrió, por lo que su cobro ha sido ilegítimo aunque sea legal.
En segundo lugar, habría que haber arbitrado un mecanismo de seguimiento de la evolución del mercado para aplicar los CTC en cuanto ocurriera la temida bajada de precios por efecto de la competencia -y sólo en ese caso-, y para retirarlos en cuanto hubieran cubierto los efectos de esa bajada, y, en cualquier caso, en cuanto se llegara al tope acordado. Si el gobierno Aznar hubiera cuidado adecuadamente los intereses de los ciudadanos con la simple puesta en marcha de un mecanismo eficaz de control de los CTC, éstos no se habrían pagado nunca, y la subida del petróleo de 2001 -2003 podría haberse transferido directamente al recibo de la luz, y no habría déficit tarifario en la actualidad. No vale lamentarse de lo ocurrido, pero hoy un gobierno en el que están algunos de los actores de aquellos acuerdos, tiene la oportunidad de deshacer el entuerto exigiendo la devolución de los CTC o su cómputo a la hora de liquidar el déficit tarifario.
En tercer lugar, la mala gestión del gobierno no exime a las empresas de su responsabilidad ética. El afán de ganar dinero es el que hizo que las empresas energéticas forzaran el reconocimiento de los CTC, del que se han beneficiado sin razón alguna sin el más mínimo rubor por un importe cercano a los recortes sociales que han tenido que hacer gobiernos posteriores. La responsabilidad de la crisis seguramente no es achacable a la patronal del sector, pero tienen una oportunidad de oro de recuperar un mínimo de dignidad devolviendo el total de los CTC cobrados.
Los windfall benefits o beneficios caídos del cielo
No son una broma o un apelativo cariñoso de andar por casa. Los beneficios caídos del cielo son una realidad económica conocida y estudiada y se refiere a beneficios inesperados producidos en una actividad económica sin que procedan de la actividad propiamente dicha. Veamos en qué consisten y a cuanto ascienden en el caso del sector energético, para lo que tenemos que comprender primero como se fija el precio de la energía, que es una parte, sólo una parte, de la tarifa energética.
Empecemos diciendo que en teoría en España no existe una tarifa eléctrica propiamente dicha desde el año 2009 en que se dio por completada la liberalización del sector, y el precio lo fija el mercado. Sin embargo, con el fin de proteger a los pequeños clientes en un mercado novedoso en el que podían quedar al albur de las comercializadoras y de sus posibles prácticas poco transparentes se creó la Tarifa de Último Recurso (TUR), cuya composición queda fijada por ley mediante publicación semestral en el BOE de la cuantía de sus distintos componentes.
La realidad es que la TUR afecta a 20 millones de consumidores, es decir a la inmensa mayoría de los domicilios particulares y pequeños negocios y comercios, que son los que tienen una potencia contratada inferior a los 10 kW que marca la normativa.
La Tarifa de Último Recurso (TUR) se calcula como suma de tres componentes:
Las tarifas de acceso a redes (peajes), que son las mismas que deben aplicar los comercializadores en el mercado libre;
El coste de la energía (lo que algunos denominan la parte “liberalizada” de la TUR); y
El margen comercial reconocido a los Comercializadores de Último Recurso.
El siguiente gráfico procedente del post “la realidad del mercado eléctrico español. De cómo entender la factura eléctrica” de Ecoimpulso Renovable, resume a la perfección las partidas incluidas en cada tramo componente de la TUR
Click para ampliar
Como en otras ocasiones en el mercado energético, la cosa parece bastante razonable. Sin embargo, vuelve a tener trampa, no en el enunciado, sino en el mecanismo de fijación del precio que es una combinación de un precio fijado semestralmente que se corrige en el mercado diario y que finalmente se ajusta mediante una serie de coeficientes técnicos.
Diez días antes de cada semestre se realiza la subasta de Compras de Energía para el Suministro de Último Recurso, quedando fijado una especie de precio de referencia semestral, que es corregido día a día en el mercado diario. La Red Eléctrica Española (REE) es la entidad encargada de que “la electricidad generada por las centrales sea exactamente la misma, segundo a segundo, que la que demanden los usuarios” como recogía Clemente Alvarez en su blog de El País:
Para conseguir este equilibrio entre generación y demanda en tiempo real hay que trabajar con mucha antelación. A las 12 de la mañana se recibe del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEL) el programa con la producción de electricidad de cada hora para el día siguiente (...)Este programa debe ser revisado por REE y en sucesivos pasos se debe ir ajustando a la demanda prevista, con seis mercados intradiarios en los que se va corrigiendo la producción hasta llegar al tiempo real. El mercado funciona como una subasta en la que las compañías generadoras van ofertando su electricidad”
En los seis mercados intradiarios se va cubriendo la demanda existente por el siguiente orden: las primeras en ofertar su energía son las nucleares, ya que al poseer una gran inercia térmica los parones y arranques serían muy costosos. A continuación entran la hidráulica y las energías renovables, (por la normativa legal que promueve su desarrollo). Las tres, nucleares , hidráulicas y renovables se ofrecen en el mercado a precio cero (es el modo de otorgarles prioridad). Si la demanda no se ha cubierto con las tres anteriores se utilizan las energías más caras, las térmicas de gas y carbón. La última en cubrir la demanda marca el precio marginal de la energía de ese mercado concreto, precio al que son retribuidas todas las demás aunque sus costes reales sean mucho menores, generando los beneficios caídos del cielo o windfall benefits.
¿Y quién se beneficia de los windfall benefits? Pues como es lógico sólo se pueden beneficiar de esos beneficios caídos del cielo las comercializadoras de energía que suministran a los clientes de la TUR. Y una vez más aparece la trampa: en su momento las cinco grandes consiguieron ser designadas por Real Decreto como “Comercializadores de Último Recurso”, quedándose en exclusiva con la distribución a los clientes de la TUR y expulsando del pastel a unos 300 pequeños distribuidores existentes. En definitiva, el mercado libre queda para los grandes consumidores, y los demás pertenecen al mercado regulado mediante tarifa en manos de las grandes compañías, que son las únicas que se benefician de lo windfall benefits.
La magnitud de los windfall benefits es enorme, pues viene determinada por la diferencia del precio de coste entre las térmicas de gas o carbón y las nucleares o hidráulicas. Las primeras incluyen en sus costes la amortización y los combustibles, mientras que las hidráulicas y nucleares ya están amortizadas y no tienen coste de combustibles. Según diferentes cálculos, los beneficios así obtenidos en 2010 por las nucleares e hidráulicas superan los 2.600 millones de euros, y en el total del período ascenderían a más de 15.000 millones.
La patronal argumenta que cuando en el mercado intradiario no es necesario acudir a las térmicas de gas o carbón, y se cubre la demanda de energía con las tres energías primeras, - cosa que ya ha ocurrido algunas veces- el precio marginal es 0 euros, lo que obviamente les supone pérdidas en producción, ya que aunque las instalaciones hidroeléctricas y nucleares estén amortizadas y no tengan costes de combustibles, sí tienen costes de explotación, mantenimiento, etc. De nuevo nos encontramos con un argumento de apariencia razonable, que encierra una nueva trampa. Efectivamente en el caso de que el precio marginal sea cero, el productor sale perjudicado, pero el beneficio se lo queda el comercializador, que compra a coste cero y vende a precio de tarifa, ya que las bajadas del precio no se trasladan a los consumidores. ¿Y quién son los Comercializadores de Último Recurso...?
Como en el caso de los CTC, la falta de un mecanismo de seguimiento operativo y ejecutivo hace que los Windfall benefits, no repercutan en los consumidores sino exclusivamente en los cinco grandes aumentado los beneficios del negocio. Y dado que uno de los componentes reconocidos en la composición de la Tarifa de Último Recurso es el margen comercial de los operadores del sector, mediante los winfall benefits el sistema les está garantizando un doble margen comercial, por lo que podriamos decir que estamos en una situación de precio abusivo,que no es en absoluto coyuntural sino estructural del sistema, y cuya cuantía no es menor.
Los beneficios derivados de las subastas semestrales CESUR
Como ya he explicado, diez días antes de cada semestre se realiza la subasta de Compras de Energía para el Suministro de Último Recurso, quedando fijado una especie de precio de referencia semestral, que es corregido día a día en el mercado diario.
Curiosamente este mecanismo también genera distorsiones en el mercado a favor de las grandes compañías. Desde que en 2009 se puso en marcha el precio de futuro fijado de antemano semestralmente ha estado siempre entre un 10 y un 20% por encima del precio de los mercados intradiarios, calculándose que ha aportado un beneficio adicional a la patronal de 1.100 millones de euros en dos años.
Los coeficientes de corrección de la TUR también son fuentes de distorsión del sistema Uno de ellos es el denominado coeficiente de apuntamiento que pretende corregir las variaciones entre el precio semestral de las subastas CESUR y el precio de los mercados intradiarios, en previsión -cómo no- de que los precios intradiarios fueran mayores que los prefijados semestralmente y las comercializadoras tuvieran que comprar la energía a un precio mayor al prefijado. Además del coeficiente de apuntamiento, la tarifa incluye una prima de riesgo, seguro que cubre el hipotético caso de que a pesar de todo las CUR incurran en pérdidas. Nos encontramo0s en una situación en la que además de oligopolio, el Estado garantiza que no haya pérdidas.
A todo lo anterior hay que añadir los coeficientes de estimación de los sobrecostes del sistema, esto es, los servicios técnicos para que el resultado del mercado sea técnicamente viable. Como no podía ser menos los servicios técnicos están controlados por las Eléctricas y son éstas las que fijan su importe y las que los cobran.
Finalmente la TUR incorpora el coeficiente corrector de pérdida de energía en las redes y los pagos por capacidad, que retribuyen la capacidad de las compañías para hacer frente a la demanda energética y la función reguladora de las centrales térmicas que en última instancia son las que garantizan que no sobre ni falte energía mediante su capacidad de generación cuasi instantánea.
Como se puede ver el sistema de fijación de precios de la TUR por un lado beneficia a las productoras, y por otro lado protege de pérdidas a las comercializadoras, que resultan ser las mismas compañías además de incluir coeficientes de corrección hechos a medida de las grandes compañías.
Un indicador del resultado final nos lo da la diferencia entre los márgenes reconocidos por la administración, que ya vimos que formaban parte de la TUR y los beneficios reales de las compañías. Si el sistema estuviera medianamente bien calculado, no debería ser mucha la diferencia entre unos y otros. Pues bien, los datos del primer trimestre de 2011 indican la diferencia entre el coste afrontado por las CUR y el precio reconocido ha sido del orden de 275 millones de euros, de los cuales en torno al 30% se debe a la sobre estimación del precio del pool y el resto a los coeficientes técnicos. El margen trimestral reconocido a las TUR es de unos 75 millones de euros al trimestre que se suma al obtenido por las diferencias de precios anteriormente descritas. Esto es, en el primer trimestre de 2011 el beneficio de las CUR ha sido de unos 350 millones de euros: más de cuatro veces el previsto. Extrapolando los datos obtendríamos un beneficio de 1.100 millones de euros anuales adicionales a los 300 millones de márgenes comerciales establecidos, lo que supondría en el periodo 2009-2011 un total de 3.300 millones
Lo más irritante del caso es que no hay ningún mecanismo previsto para sea el consumidor el que se beneficie de las distorsiones del sistema, con el agravante de que continuamente se le está reclamando un supuesto déficit tarifario.
Hasta ahora sólo hemos hablado de los beneficios que obtienen las grandes compañías derivados directamente de la liberalización del mercado energético vía Costes de Tránsito a la Competencia y a través de las distorsiones del sistema de fijación de la Tarifa de Último Recurso y que en total pueden suponer más de 30.000 millones desde 1997. Aún hay más
Los beneficios colaterales del sistema
A pesar de lo escandaloso de las cifras, la cosa no se detiene ahí, sino que se continua con al menos tres hechos que suponen un valor incalculable: el coste de los derechos de emisión de CO2 de las centrales térmicas que aún formando parte de la tarifa, fueron asumidos por el Estado como compensación por el déficit tarifario por un valor aproximado de 1.000 millones de euros; los beneficios derivados de las renovaciones de las concesiones hidráulicas sin concurso público -que habría supuesto un importantísimo ingreso al Estado- y de la prolongación de la vida de las nucleares sin calcular la repercusión que podría tener en forma de reducción de la tarifa; por último los beneficios derivados de la utilización gratuita o a bajo precio del agua de las hidroeléctricas mientras que en los países de nuestro entorno las hidroeléctricas pagan una tasa que en algunos casos asciende al 20% de los beneficios obtenidos.
Una vez conocido el estado de la cuestión en sus justos téminos podremos abordar las posibles soluciones al déficit tarifario desde una perspectiva de los principios de justicia democrática con los que queremos que se rija nuestra sociedad y que en este caso han brillado por su ausencia. Lo dejo para un post posterior, así como la explicación del papel de la renovables y la moratoria a las primas en este panorama.
Foros
