El Gobierno mete prisa a la banca. Los problemas del sector tienen que estar encauzados antes del verano y la única vía para lograrlo es un intenso saneamiento de los balances que derive en fusiones. La nueva fase del proceso de concentración debería saldarse con un ajuste adicional del 20% de la capacidad instalada de las entidades financiares (plantilla y oficinas), según fuentes próximas al Ejecutivo. Tan solo con este plan de choque se evaporarán las dudas que rodean al sector y podrá reactivarse el crédito.
Estos nuevos recortes de empleo y sucursales se sumarán a los que ya provocó la integración de cajas: desde 2008 han cerrado 2.600 oficinas y han prescindido de 10.000 puestos de trabajo.
La gran palanca que pretende utilizar el Gobierno de Mariano Rajoy para sanear de una vez por todas el sector es endurecer las exigencias de provisiones, que precipitarían las fusiones entre las entidades más fuertes y las más débiles, condenadas a las pérdidas en el esfuerzo de sanear balance. Y si el sector no aborda la concentración por su propia iniciativa, sería el Gobierno el encargado de determinar las futuras alianzas.
En febrero, el Ejecutivo aprobará una norma que obligue a bancos y cajas a destinar 50.000 millones de euros para compensar la depreciación de los créditos y activos inmobilarios. El ajuste se hará por la vía rápida y sin apoyo público. El equipo económico del Ejecutivo, cuya comisión delegada se reunió ayer, cuenta con que antes de 2013 se haya provisionado la mayor parte de los 50.000 millones. El sector deberá ascender este ochomil sin botellas de oxígeno. No habrá banco malo que se haga cargo del suelo. Tampoco se habilitarán esquemas de protección de activos, como el que recibió Banco Sabadell para comprar Caja Mediterráneo (CAM). La entidad que absorba a otra deberá sanear su balance con cargo a su propia fortaleza financiera. La única excepción será Unnim, la alianza de cajas que fue nacionalizada en octubre y que ya está en proceso de subasta. También está descartado que la banca cuente con dinero del fondo europeo de estabilidad financiera (EFSF).
Como fórmula para suavizar el impacto en resultados de los saneamientos adicionales, el Gobierno apunta la opción de apuntar el coste con cargo a reservas en las entidades que se fusionen, una fórmula que aun así no evita el impacto en capital. Otro gesto sería cierta flexibilidad fiscal, con la posibilidad de moderar el pago del impuesto de sociedades en los bancos que renuncien al beneficio en favor de las provisiones.
El detalle de las dotaciones del ladrillo está por concretarse pero, según los primeros borradores, se exigirá provisionar el suelo rústico al 95%; el urbanizable, al 60%; las promociones no acabadas, al 50%, y las terminadas, al 30%. Los porcentajes se modularán en función de la localización y calidad del activo. Este catalizador debería prender la mecha de la fusiones. Economía confía en que entre marzo y abril se anuncien varias operaciones. Alguno de los tres grandes grupos bancarios, Santander, BBVA y CaixaBank, habrá movido ficha para entonces. Serán los grandes motores del proceso de concentración, a diferencia del otro gran gigante, Bankia, con debilidades mucho más acuciantes.
Las operaciones más esperadas
También las cajas medianas deberán movilizarse. Las nacionalizadas Catalunya Caixa y Novagalicia están ya en todas las quinielas, pero el Ejecutivo también espera que grupos como Banca Cívica, Caja 3, BMN o Unicaja-Caja España-Duero busquen nuevas alianzas para sobrellevar la nueva carga del ladrillo.
Desde el Gobierno se considera que más del 70% del sector tiene capacidad para absorber las nuevas provisiones con cargo a sus beneficios, pero la fórmula idónea para el saneamiento definitivo de la banca pasa por una intensa oleada de fusiones y un fuerte ajuste de la capacidad instalada, temas que han irrumpido en la negociación del convenio de banca, que ayer quedó paralizada.
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