Anticorrupción acusa al PP valenciano de financiación ilegal en las campañas 2007 y 2008
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado casi ocho años de cárcel para la antigua cúpula del PP valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps por tres supuestos delitos electorales, que es la denominación técnica de la financiación ilegal, en las campañas de 2007 y 2008, así como por un presunto delito de falsedad documental relacionado con los anteriores.
Entre los acusados se encuentran el exvicepresidente Vicente Rambla y el ex secretario general de la formación en la comunidad autónoma Ricardo Costa.
Según el escrito de Fiscalía, los populares valencianos utilizaron aportaciones irregulares realizadas por varios empresarios de la construcción, para los que también solicita penas, aunque menos elevadas. "Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market", una de las sociedades de la red, "servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".
Los empresarios a los que la Fiscalía acusa son Antonio Pons y Alejandro Pons (de la empresa Piaf), Enrique Gimeno (Facsa), los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna (Hormigones Martínez), Gabriel Alberto Batalla (Lubasa), Enrique Ortiz y su empleado José Francisco Beviá, así como Vicente Cotino (Sedesa), sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que está imputado en la pieza separada de Gürtel sobre la visita del Papa a Valencia.
Las penas solicitadas para estos empresarios van de dos a seis años de cárcel.
El ministerio público solicita igualmente penas de hasta 27 años de prisión para los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, como autores de los mismos tres delitos electorales (por la campaña de las autonómicas de 2007; las locales de ese mismo año, y las generales de 2008), así como por supuestos delitos fiscales. Anticorrupción reclama castigos algo menos severos para los también miembros de la red Cándido Herrero y José Ramón Blanco Balín.
El pasado mes de diciembre, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, decidió el procesamiento de 19 personas por supuestos delitos electorales (nombre técnico de la financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, además de por falsedad y delito fiscal. Ceres considera responsable presuntamente a buena parte de la dirección regional de la formación en aquella época: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García.
La Fiscalía solicita ahora siete años y nueve meses de cárcel para Rambla, Costa, e Ibáñez, y seis meses de prisión para García.
Orange Market y los populares valencianos declararon "la única cuantía" de 175.000 euros por los trabajos que la empresa de la red realizó para el partido en "los procesos electorales de 2007 y 2008". Pero según los fiscales, "los servicios prestados" realmente "que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria" sumaron, "al menos", 2.035.920 euros.
Los socialistas piden penas inferiores
Los socialistas valencianos, que ejercen la acusación popular en el caso Gürtel, reclaman penas inferiores a las solicitadas por la Fiscalía contra los antiguos dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana.
El escrito de calificación solicita tres años y medio de cárcel para los exdirigentes Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, así como para la gerente Cristina Ibáñez. Para Yolanda García el PSPV-PSOE reclama, en cambio, un año y medio de prisión.
A diferencia de lo que hace Fiscalía, el escrito de los socialistas no considera que los tres delitos electorales y la falsedad documental puedan atribuirse a los acusados de forma separada. Mantiene, por el contrario, que la falsedad debe quedar subsumida en los delitos electorales.
politica.elpais.com/politica/2015/02/13/...23821334_977924.html
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