Trece de los dieciocho jueces de la Sala de lo Penal del Supremo han elevado su voz para mostrar su «desazón» por las injerencias del Gobierno en lo relativo a la excarcelación de presos vascos por la acumulación de la pena cumplida en el Estado francés. Los jueces se refieren a declaraciones del ministro de Interior, que llegó a hablar de prevaricación, y en un escrito piden que si el presidente del TS lo cree oportuno pida a Mariano Rajoy que le «ponga coto».
Cómo tienen que estar las cosas para que trece jueces del Tribunal Supremo firmen un escrito contra las injerencias del ministro de Interior, y del Gobierno en genera,l en las decisiones sobre la puesta en libertad de presos vascos por la normativa europea de acumulación de penas. Y cómo estarán para que hasta el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía le haga público su apoyo.
La derecha española se había acostumbrado a señalar con nombre y fotografía a los jueces que decidieron legalizar Bildu primero y después Sortu, a los que cumplieron con la orden del Tribunal de Estrasburgo de acabar con la llamada «doctrina Parot», a quienes no siguieron la teoría «conspiranoica» sobre el 11-M, a quienes en privado apoyaban el derecho a decidir de Catalunya e incluso a quienes no compartían la decisión del Gobierno español de querellarse contra Artur Mas.
Ahora les había tocado el turno a los jueces que decidieron aplicar la normativa europea de acumulación de penas y poner en libertad a dos presos vascos. Pero en esta ocasión, al señalamiento mediático se le sumaron las declaraciones expresas del Gobierno español. La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, dijo tras un Consejo de Ministros que «los ciudadanos no lo entienden y nosotros tampoco lo entendemos». A lo que añadió que «nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero en este caso es más difícil porque, depende de la sección, se toma una decisión u otra. La ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera [de la Audiencia Nacional, que acordó la puesta en libertad] no cabe en esta ley».
Pocos días después, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista en «La Razón», uno de los periódicos que había linchado a los jueces, afirmó que la decisión de la excarcelación le parece «lamentable desde todos los puntos de vista, también judicialmente». Preguntado sobre si los jueces están prevaricando, respondió que él no dice eso, pero que «si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se les estaría acusando de un posible delito de prevaricación».
Fernández Díaz insistió en la entrevista en hablar de la decisión judicial como «profundamente injusta», y ante su posible repetición afirmó que «lo que no se puede hacer es un uso alternativo del Derecho y a que sea tenido en cuenta solo cuando conviene en virtud de determinados criterios».
Las declaraciones del ministro de Interior han sido la gota que ha colmado la paciencia de más de dos tercios de los jueces de la Sala de lo Penal, que entre otras cosas se preguntan a quién o a qué conveniencia se refería el ministro en esa frase
Una mas de tantas.
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