La Sala Penal del Supremo ha acordado abrir una causa contra los ex presidentes de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra los parlamentarios nacionales del PSOE y ex consejeros de la Junta andaluza
José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, por el fraude de los ERE.
El Alto Tribunal ha aceptado la división de la causa propuesta por el fiscal y que contradice el criterio de la jueza instructora, Mercedes Alaya. El Supremo solo investigará la posible responsabilidad penal de los cinco aforados nacionales señalados en la exposicion elevada por Alaya a la Sala, aunque la resolución de apertura de la causa deja abierta la puerta a incluir a otros imputados si el instructor, Alberto Jorge, lo considerase necesario en el futuro.
En su resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, el Supremo afirma que los hechos relatados por Alaya en su exposición razonada "pudieran ser", sin perjuicio de lo que resulte de la investigación, constitutivos de delitos de prevaricación y cohecho.
La Sala indica que, haciendo una "valoración muy provisional" de la exposición de la instructora, existen indicios de que en el ámbito de la Junta de Andalucía y, en concreto, desde la Consejería de Empleo
se organizó un sistema que permitió la disposición de unos 855 millones de euros desde el año 2000 para pagar ayudas sociolaborales a empresas y trabajadores "sin sujetarse al procedimiento y a los controles propios de las subvenciones".
Dada la "absoluta discrecionalidad" del procedimiento diseñado, el destino de esas importantes cantidades de dinero "
se orientó mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargos de la Junta o del PSOE andaluz".
Para la Sala, los indicios que apuntan a Chaves, Griñán, Zarrías, Viera y Moreno deriva de su "posición de alta y especial responsabilidad política, dados los cargos que desempeñaban y de su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, en el caso de alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación de ese sistema".
El Supremo califica de "imprescindible" la investigación de la conducta de los aforados. Éstos tendran que ser llamados a declarar por el magistrado instructor en la condición procesal de imputados (es decir, con derecho a estar asistidos de abogado, a guardar silencio, a solicitar la práctica de diligencias, etc.), aunque su imputación judicial no se producirá, eventualmente, hasta que finalice la investigación.
Respecto a los diputados autonómicos implicados por Alaya en el fraude de los ERE, el Supremo señala que no son de su jurisdicción, por lo que "el procedimiento deberá continuar ante el órgano competente".,