Centenares de facturas muestran el descontrol en algunas de las 200 cajas fijas


Altos cargos usaron taxis a modo de coche oficial, cenaron sushi o pagaron regalos


En 2009, en plena era digital, gastaron 1.524 euros en enviar un expediente a Brasil


En 2008, el Consell de Francisco Camps gastaba medio millón de euros al día

Se pagaba y nadie preguntaba. El escándalo sobre el uso de la caja fija, la caja black de la Administración valenciana para la oposición, ha removido los cimientos de la Generalitat. Las filtraciones que han motivado la caza del 'topo' en Presidencia, y el cese del jefe de escoltas de Alberto Fabra por un interrogatorio ilegal al jefe de prensa de su vicepresidente para descubrir a los traidores, ha dividido al Partido Popular, que afronta enemistado una campaña electoral decisiva.

El gasto anual que se deriva de las cajas fijas, unas 200 en total vinculadas a cuentas de La Caixa y BBVA, se estima a fecha de hoy en 40 millones de euros, aunque la oposición lo eleva hasta el medio millón de euros diario en 2008. La partida viene recogida en el Capítulo II de los presupuestos de la Generalitat y se incluye para hacer frente, en teoría, a pequeños gastos del día a día y no bloquear el funcionamiento de la Administración.

Pese a los interrogatorios y el plan interno de Presidencia contra las filtraciones, se siguen aireando facturas de caja fija. Un método de pago legal pero del que desconfían jueces y fiscales porque el Consell habría pervertido su uso y «dificultan el ya de por sí deficitario control y fiscalización de la facturación y contratación» en asuntos menores, según estimó el juez de la Gürtel valenciana cuando procesó a 21 altos cargos de Francisco Camps.

El TSJ de la Comunidad obliga a entregar a la diputada de Compromís Mònica Oltra todas las facturas que se abonaron por esa vía desde 2006, tres millones en total. El Consell ha intentado ganar tiempo con un recurso ante el Supremo para evitar que se difundan antes de las elecciones, pero las fugas de información en el Palau continúan.

EL MUNDO ha tenido acceso a centenares de facturas abonadas a través de una de las cajas fijas, en concreto, la que usó el recién dimitido presidente de las Cortes, Juan Cotino, y sus colaboradores en su etapa como conseller de Urbanismo y Medio Ambiente.

Los pagos reflejan gastos peculiares de altos cargos: desde 1.524 euros por enviar documentación a Brasil en 2010 pese al uso generalizado del correo electrónico, hasta 947 euros en figuritas encargadas a las Carmelitas, 1.180 euros en horchata o más de 1.000 euros en taxis. Pero en los expedientes no sólo se incluyen este tipo de facturas, también encargos a bufetes de abogados que en teoría deberían haber pasado por un concurso público, tal y como establece la ley de contratos.

Se conocían los gastos en pechugas, ñoras, noches de hotel en fin de año, los pagos a la vedette Rosita Amores para animar las residencias de pensionistas, abusos en el uso de taxis y hasta pedidos de sushi. Pero las nuevas facturas evidencian que, por ejemplo, los encargos de comida japonesa eran más frecuentes de lo que realmente se pensaba.

Cristina Serrano, alto cargo de Cotino y Rafael Blasco -condenado a ocho años de cárcel por robar ayudas de las ONG- autorizó decenas de facturas que ella misma presentó y aprobó sin supervisión. Serrano, que en la actualidad asesora al alcalde de Gandía en asuntos económicos, era una de las habituales en restaurantes de cierto nivel en Valencia. En 2010, pasó facturas de Sushi Club por más de 500 euros. Aparentemente los gastos no guardan ninguna vinculación con su trabajo de entonces, ya que varios de los pedidos se realizan en horario nocturno (21:54, 23:12, 22:04 o 23:23). Siempre pidió palillos para dos y repite menús: ensalada Tori y variados de niguiri de langostino, pulpo y salmón, además de atún. El técnico que conforma las facturas también se repite, Clementino García, y los recibos oscilan entre los 50 y 68 euros, en función de su apetito. Pero hay más.

El uso que hacían los altos cargos de los taxis es más que cuestionable. La Generalitat ha pagado centenares de miles de euros para que sus altos cargos se desplacen en taxi por la Comunidad, y Cristina Serrano no es una excepción. Curiosamente a Serrano siempre le recogía el mismo vehículo, que ha llegado a tardar cuatro horas para realizar desplazamientos por el centro de Valencia. Según esta documentación, se autorizan los pagos pese a que en el informe de facturas no se facilita la calle de recogida ni el destino. Uno de los pagos que más llama la atención es por un desplazamiento de la calle Francisco Cubells, donde tenía antes su sede la Conselleria, a la plaza de Manises. Cinco kilómetros de recorrido que costaron 46 euros exactos a la Administración. El mismo recorrido, seis días antes, costó 71,30 euros. Y así centenares de desplazamientos más.

1.180 euros en horchata, 817 en bollos y 3.540 a la Universidad de La Rioja

La Generalitat camufla pagos que deberían regirse por ley Más gastos que se conocían, y que también fueron abonados por la caja fija de Medio Ambiente, corresponden a comidas en el Restaurante Aragón 58, donde pagaron 213,45 euros por un menú que incluyó 19 gambas rayadas, quisquillas cocidas y un Glenrothes de 12 años para que los comensales, cuya identidad se desconoce porque este sistema no exige ningún control, reposaran la mariscada. Pero por caja fija, según esta documentación, también se pagaron 1.180 euros en horchata en 2009, en principio para una degustación en el Auditorio Santiago Grisolía. También otros 3.540 euros a la Fundación Universidad de la Rioja por un informe sobre el trasvase del Ebro o 100 euros más por participar en una charla de la Fundación Vives, vinculada a Juan Cotino. También 817,60 euros en bollos y empanadillas, que se pidieron a la Pastisseria Desamparats, para un supuesto almuerzo de trabajo. Además, por este sistema se contrataron trabajos a despachos jurídicos pese a que por su cuantía el proceso debería haber seguido la ley de contratos públicos. Por caja fija, pues, se abonó 20.880 euros por un trabajo sobre las acciones definidas en la estrategia territorial de la Generalitat y 11.334 euros por la elaboración de un decreto de Cotino. El alto cargo que valida la primera de las facturas es Aránzazu Muñoz, que también autorizó el pago camuflado de otros 30.000 euros a integrantes de la trama Brugal mientras llovían los regalos al PP de Alicante y Valencia. El gusto de determinados altos cargos por la comida selecta es evidente. Cristina Serrano también pasó facturas del restaurante D Trufa y Cuchara (66,6 euros), Cómo quieres que te quiera (61,74 euros) o Tragaltres (75 euros). Ésta última factura la conforma Serrano pero la pasa María Ángeles Ureña, investigada en Brugal por favorecer, al parecer, al empresario Enrique Ortiz y en la actualidad presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el restaurante Sierra de Aitana ambas gastaron 251 euros más.

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