El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía del tribunal tienen dudas de que la reforma de la justicia universal sea constitucional.
El instructor ha preguntado a las partes personadas en las dos causas en sus manos (el genocidio de Ruanda y el asalto iraquí a un campo de refugiados de iraníes) si creen que procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad para que sea el intérprete de la Carta Magna el que se pronuncie.
Por su parte, el parecer de la Fiscalía queda claro en el recurso en el que pide la nulidad del auto del juez Santiago Pedraz en el que acuerda seguir adelante con el caso Couso. El fiscal pide anular el auto al estimar que es la Sala de lo penal, y no él, el órgano competente para tomar esa decisión.
Además, la Fiscalía protesta porque el auto de Pedraz le impide proponer el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. De ese escrito se desprende que la Fiscalía sí quiere que desde la Audiencia se envíe la reforma de la justicia universal al Tribunal Constitucional.
Las dudas de la Fiscalía sobre la constitucionalidad de la reforma es doble. Por un lado, porque podría cercenar derechos recogidos en la Constitución de acceso a la justicia por parte de las víctimas. Por otro, porque al ordenar directamente a los jueces el archivo de todas las causas podría violar el principio de independencia judicial
www.elmundo.es/espana/2014/03/19/532996b1e2704e7f1b8b4574.html
Estos del PP parece que no se llevan muy bien con la constitucion