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Necesitamos Un Cambio hace 11 Años, 8 Meses
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En estos días de convulsiones y de sonrojo social permanentes, la ciudadanía comienza a darse cuenta de que la solución a los problemas del país no pasa por la sustitución de los gobernantes de un partido político por los de otro partido político. Necesariamente, la respuesta a la profunda crisis que vivimos pasa por la modificación de las reglas de juego y por la expulsión del poder público de los beneficiarios de este corrupto sistema político, económico y social.
Resulta evidente a todas luces que nuestra Constitución no sirve ni para evitar los abusos de los gobernantes ni para garantizar la pervivencia del Estado Democrático y Social de Derecho. La Carta Magna fue elaborada en la transición bajo el predominio de los herederos de la dictadura y bajo la vigilancia y presión de unas fuerzas armadas, en aquel entonces, dominadas por sectores claramente antidemocráticos. Es obvio que, entonces, supuso la vía de salida de la dictadura y, por ello, fue ampliamente ratificada por el censo electoral del momento. Pero realizó un diseño constitucional receloso de la posible participación democrática de los ciudadanos, que no establecía garantías efectivas de los derechos económicos y sociales, que creaba un indefinido Estado autonómico, que convalidaba una jefatura del Estado designada por el dictador y que entregaba todos los poderes del Estado en manos de los partidos políticos.
Esos vicios iniciales fueron generando progresivamente, ante la general indiferencia de una España que crecía económicamente, una amplia despolitización de la sociedad y, por contrapartida, una expansión sin límites de la clase política que fue profesionalizándose y dependiendo cada vez más de los grandes poderes económicos y financieros que costean los gastos de funcionamiento de los partidos políticos y de sus costosísimas campañas electorales, con las nefastas consecuencias que estamos viendo ahora.
Los partidos políticos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, disputaban entre sí el poder público. Pero, tras un corto periodo de construcción del Estado Democrático y Social de Derecho, comenzaron a consensuar el progresivo desmantelamiento del incipiente Estado social que se había creado, el desarrollo anárquico y desmesurado del Estado de las Autonomías, la eliminación de los escasos controles institucionales existentes y el control partidista del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
Casi 35 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, los actuales ciudadanos y ciudadanas españolas, la mayoría de los cuales no votaron el texto constitucional, no tienen que seguir asumiendo unas reglas de juego que, además de ser realizadas en un clima de libertad tutelada, han sido aún más adulteradas por el desarrollo normativo y las prácticas de una clase política corrompida.
Ante esta situación, se hace imprescindible sacar conclusiones de lo expuesto. Y la más importante de todas, en mi opinión, es que los ciudadanos no podemos esperar que quienes generaron este texto constitucional, lo han aplicado de manera tan equivocada y se han beneficiado del mismo, sean los que asuman la misión de transformarlo en un modelo democrático, garantista, en donde solo reine la igualdad, la libertad y la justicia y no persona alguna.
Aunque existen militantes y cargos públicos de los actuales partidos políticos que son personas de buena fe y absolutamente íntegras, las estructuras partidistas forman parte, aunque parezcan de oposición, del sistema y actúan en mayor o menor medida en la lógica depredadora al servicio de la banca y los poderes financieros. Esto resulta obvio en el caso de los dos grandes partidos nacionales.
Pero lo mismo ocurre con los nacionalistas periféricos de todo pelaje (qué decir de los escándalos financieros de CiU o de Esquerra Republicana de Cataluña, que aplica conjuntamente con los anteriores sus políticas de recortes y de desmantelamiento del Estado social en Cataluña). O de Izquierda Unida, que no tiene problema alguno en apoyar al gobierno del PP en Extremadura o al del PSOE en Andalucía, aplicando en ambos casos políticas económicas y sociales que verbalmente repudia. O de UPyD, conformada sustancialmente, en su dirigencia, por exmilitantes de los dos grandes partidos que, por diversas circunstancias, o fueron expulsados o no tenían futuro dentro de dichas formaciones políticas, y que es liderada por Rosa Díez, ejemplo palmario de un político profesional que durante decenas de años vive del sueldo público, pasando de un partido a otro según sus expectativas personales.
Urge por tanto, generar un amplio movimiento ciudadano, conformado por personas honestas, capaces de gerenciar eficazmente el Estado de acuerdo con los intereses de la ciudadanía y no de los mercados, que no tengan voluntad de convertirse en políticos profesionales sino de servir circunstancialmente a su país y a sus compatriotas, que generen un modelo realmente democrático en el que los ciudadanos puedan controlar a sus representantes, que habiendo votado lo que hayan votado en el pasado y tengan los fundamentos ideológicos, filosóficos o religiosos que sean, puedan ponerse de acuerdo en una agenda de regeneración ética, política, económica y social que necesariamente conduzca a la realización de un proceso constituyente que refunde democráticamente España.
Si dejamos la refundación de España en las mismas manos de quienes la han hundido, no nos quejemos después de dicha decisión colectiva. El tiempo apremia. El Estado se desmorona. La gente sufre. La inhibición en situaciones de catástrofe nacional es el peor de los delitos. ¿A qué estamos esperando?
www.diarioinformacion.com/opinion/2013/0...itucion/1340503.html
Me parece que hay muchas cosas en las que da en el clavo y si no somos los ciudadanos los que nos ponemos manos a la obra seguiremos en manos de políticos que sirven a sus propios interses en muchos casos económicos y de poder.
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morpheo81
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