Telemadrid ha estado al servicio del PP durante las dos legislaturas y media de Aguirre. Los noticiarios dieron la espalda a la pluralidad de la que habían presumido hasta entonces, como se pudo ver en momentos tan críticos como las manifestaciones contra la guerra de Irak. “Gallardón nunca se metió en los informativos. Jamás me dio una instrucción política”, confiesa Giménez-Alemán.
Las cosas cambiaron en 2003, cuando llegó a la dirección general Manuel Soriano, que había sido jefe de prensa de Aguirre en el Senado. Con sonrojo se recuerda la nota que el periodista envió al Gobierno regional informando de que un documental sobre el 11-M había quedado “bastante bien cinematográficamente e ideológicamente”. La difusión de este tarjetón fue considerada por su remitente como un “atentado contra su intimidad”.
Que todo cambió en Telemadrid con la llegada de Aguirre al Ejecutivo regional lo dice la oposición política y los trabajadores del ente público, que en más de una ocasión han denunciado manipulación y falta de pluralismo. Lo ratifica Martínez Reverte: “Con el nombramiento de Soriano, los informativos del canal público se convirtieron en una especie de vertedero de sectarismo, mal tono y amarillismo”.
Tampoco la gestión ha sido modélica. Desde 2006, la compañía ha tenido que ser rescatada por la Comunidad. Ese año tuvo que pedir un crédito extraordinario de 20 millones para terminar el ejercicio. El grito de socorro se convirtió en algo habitual. En 2009, por ejemplo, necesitó 31 millones, lo que da una idea de hasta qué punto erraron los gestores a la hora de ajustarse al dinero presupuestado.
Informes encargados por Telemadrid —que nunca vieron la luz— ya diagnosticaban en 2004 graves fallos de gestión. Citaban, por ejemplo, una “falta de optimización económica del presupuesto anual”, una “escasa eficiencia en la coordinación” entre departamento y una “falta de evidencia en el proceso de selección y evaluación de programas”. Este catálogo de deficiencias generaba riesgos preocupantes. La auditora percibía riesgos como los siguientes: “ausencia de objetivos económicos”, “no existe la mentalidad de ahorro de costes”, “toma de decisiones sin la transparencia adecuada”, “dificultades en la rentabilidad de los medios propios, técnicos y humanos”.
El ex responsable de Onda Madrid se refiere a Soriano como “un tipo nefasto” para el ente. Pero su mandato no es cuestionado solo por la oposición. Dentro del PP encontró duras críticas. El Consejo de Administración de Telemadrid transmitió por escrito al Ejecutivo determinados aspectos de su gestión aparentemente opacos. Incluso le hizo saber a la presidenta Aguirre la poca transparencia con la que se actuaba en el ente. El Consejo aludía a métodos de contratación en la televisión pública, que, según denunciaba, vulneraban la ley.
Concretamente, en uno de los informes ponía el dedo en los procesos de adjudicación de tres programas: la serie de ficción Capital, el concurso Metro a metro y el programa espectáculo Alcalá Club. Se le exponía a Aguirre cómo desde la dirección general se había favorecido a productores muy señalados contratando series —por las que se pagaban hasta 500 millones de pesetas (tres millones de euros) más al año— sin que se solicitara presupuestos detallados, o cómo se había sustituido el concurso Madrid reta —que costaba 9.500 euros por edición— por Metro a metro —que salía por 23.300—. Advertía también del “altísimo coste” para las posibilidades de la cadena del programa Alcalá Club, que salía por 72.800 euros la entrega. La dirección de Telemadrid se ha limitado a negar que haya habido irregularidades en la gestión o falta de transparencia. “Estamos absolutamente monitorizados por la Asamblea”, dijo un portavoz.
Para justificar los ajustes, el informe encargado por el ente público echa mano a los datos macroeconómicos del sector: el aumento de la oferta de canales, la caída de la publicidad y el coste de los derechos audiovisuales. La empresa insiste en que la situación financiera es insostenible por las pérdidas continuas y la Comunidad afirma que no está dispuesta a destinar más fondos a la televisión. “En necesario ir a un modelo nuevo, viable y que cumpla la ley, que nos obliga a no tener déficit”, subraya el ente. La consultora plantea que “la construcción del nuevo modelo de televisión aplicable a Telemadrid ha de plantearse necesariamente desde un enfoque ex novo”.
Con los votos del PP y la oposición de PSOE e IU, el Consejo de Administración aprobó el pasado miércoles el informe, que supondrá un hachazo a la plantilla, además de una sustancial rebaja en los costes de programación y la externalización de un alto porcentaje de los servicios de producción. El plan lo ejecutará José Antonio Sánchez, al mando de la autonómica desde hace poco más de un año.
Sobre la plantilla, el informe especifica: “Para un total de 1.169 empleados, existen 51 tipos distintos de categorías profesionales, un número evidentemente exagerado”. Su receta es una nueva estructura con 182 trabajadores, cuyo coste supondría 14,5 millones de euros. El presupuesto de 2013 sería de 85,8 millones de euros (casi la mitad que este año), contando las indemnizaciones a los trabajadores, que supondrían 26,8 millones. Una parte importante se destinaría a la compra de derechos (películas y series) y a las productoras a las que se les encargaría las partidas externalizadas. Secuoya, que tiene como consejero a Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación con Aznar, ha admitido su intención de optar a las licitaciones en aquellas autonómicas que decidan externalizar paquetes de programas o servicios.
Para sostener Telemadrid es necesaria la inyección de dinero por parte de la Comunidad. El actual equipo directivo había calculado que en 2013 ingresaría por publicidad unos 15 millones, pero con una parrilla plagada de repeticiones es muy probable que la audiencia caiga aún más y eso arrastre a la baja a la publicidad. En este mes de noviembre, Telemadrid ha registrado un 4,8% de cuota de pantalla, el mínimo histórico, que contrasta con la audiencia de la televisión de Aragón (11,4%) que cuenta con un presupuesto muy inferior.
El Consejo dio luz verde a la composición de la plantilla, la programación, el presupuesto y el organigrama. “Ahora”, dice Telemadrid, “se abre un proceso de negociación con los sindicatos” antes de elevar la propuesta definitiva a la Comunidad. De momento, los sindicatos han llevado a cabo un paro esta semana, que llevó a negro la pantalla, como protesta por el estudio de la consultora, “una auténtica burla” que “contempla el despido de 925 trabajadores mientras deja en sus puestos a todos los directivos, jefes y enchufados a dedo de la redacción paralela”. Según el comité de empresa, el objetivo es hacer “una limpieza ideológica” en la cadena pública.
Para Giménez-Alemán “la pavorosa destrucción de empleo es una gran inmoralidad”. Añade que si el 80% de la plantilla sale de la cadena, el 20% restante “solo podrá acudir a encender las luces, mantener la continuidad y lanzar vídeos, uno detrás de otro, porque será imposible cualquier intento de programación propia y variada”. Por eso reclama a la Comunidad que reflexione y “detenga el atropello”.
Agustín García Matilla, que a principios de los noventa coordinó los programas de servicio público de Telemadrid, critica la manera en que la cadena se ha puesto al servicio “de intereses partidistas”, “colocando a los amigos” y “repartiendo prebendas”. “Cuando lo público se utiliza”, explica García Matilla, “al servicio del interés privado de políticos concretos, no hay ningún ciudadano que pueda defender el expolio y asumir ese modelo prostituido de televisión pública”. Más gráficamente, Martínez Reverte considera que Telemadrid “ya no es un medio público, sino un basurero”. Y pronostica: “La maniobra es malvender la cadena a un precio ruinoso y que se la quede algún amigo”.
Y como no; ahora resulta que la culpa es de los trabajadores y de que es una empresa publica.