Los gobiernos del PP promueven la sanidad pública de gestión privada como paso previo a la privatización total del modelo
La sanidad pública, en almoneda
Sanidad pública, educación pública y servicios sociales hace tiempo que se han convertido en negocios privados al alza. En el caso de la sanidad, con el País Valenciano y Madrid como grandes paradigmas. Un pomposo discurso que vende las bondades del “Modelo de colaboración público-privado”, en el que supuestamente las empresas privadas ofrecen una mejor gestión, mayor eficiencia económica y el estado continúa teóricamente garantizando los mismos prestaciones y servicios que en la sanidad pública, envuelve una ofensiva que aspira a un cambio radical de modelo, que tiene a los Estados Unidos (atención sanitaria al ciudadano en función de su renta, lo que deja a mucha gente fuera del sistema) como gran referente. Diferentes gobiernos autonómicos, sobre todo del PP, se aplican a materializar este cambio de paradigma.
Un mero vistazo a la evolución del marco jurídico ya permite intuir algunos de estos cambios. La Ley General de Sanidad (1987) permitía la participación del sector privado (preferentemente a través de entidades sin ánimo de lucro, que podían concertar determinados servicios con la Administración) en los ámbitos que no alcanzara la cobertura de la sanidad pública. La Ley 15/97, actualmente en vigor, modifica la legislación anterior y abre la puerta a las empresas privadas en la gestión de la sanidad pública. Las legislaciones autonómicas incorporan posteriormente este principio, que ha dado lugar a la coexistencia de centros sanitarios públicos (con una progresiva privatización de sus servicios), centros estrictamente privados y, por último, centros públicos que, por concesión administrativa, son gestionados por operadores privados, lo que en la práctica no supone sino un proceso gradual de privatización de la sanidad pública.
El País Valenciano constituye un buen observatorio de este proceso. En el año 1997 se abre la veda (En 1995 el PP accede al gobierno en el País Valenciano, de la mano de Eduardo Zaplana). De manera progresiva, y partiendo de una estrategia premeditada (que públicamente nunca se reconoce), comienza la privatización de determinados servicios públicos (limpieza, cocinas hospitalarias y ambulancias, entre otros) en los centros sanitarios . También se ponen en manos del sector privado las resonancias magnéticas de los hospitales públicos, pese a los informes que acreditaban que el servicio público tenía un coste menor. En 2000 tiene lugar el segundo gran hito: se pone en marcha el Hospital de la Ribera (en el municipio de Alzira), que representa el primer gran ejemplo de privatización de la sanidad pública en el País Valenciano.
¿En que se basa el modelo Alzira , es decir, hospitales públicos de gestión privada? La Administración pública otorga una concesión mediante concurso, 15 años en el caso del Hospital de la Ribera, a una empresa privada (Ribera Salud) que se compromete a la construcción del centro hospitalario, ponerlo en marcha y gestionarlo. El gobierno autonómico paga a la empresa por los costes de estos conceptos. Así, sólo por la gestión sanitaria del Hospital de la Ribera, la Conselleria de Sanitat ha de abonar en 2012 cerca de 640 euros por habitante y año. Pero la clave radica en un modo de financiación paralela, sobre el que muy poco se sabe, y que permite a la empresa concesionaria incrementar los ingresos e intentar asegurarse la rentabilidad del negocio: la derivación de pacientes. Ciudadanos (en listas de espera o que requieren pruebas de diagnóstico) adscritos a centros hospitalarios de otras comarcas (por ejemplo, de Alcoi o Gandía) son derivados al Hospital de la Ribera, para que, gracias al dinero público (que siempre paga la atención a los pacientes en este modelo), cuadren los números .
¿Qué hay en el trasfondo de este modo de proceder? ¿Por qué otorgar tanta prioridad a un solo centro hospitalario? El modelo Alzira representa uno de los grandes buques insignias del PP valenciano, es decir, una apuesta política de gran calado que ha de salir bien al precio que sea. Por eso el Gobierno Valenciano rescató la concesión del hospital y, en 2002, sacó un segundo concurso para que la iniciativa de Ribera Salud fuera rentable. A la empresa se le concedió en concurso la posibilidad de prestar la atención primaria, lo que le permitía controlar el gasto en todo el proceso asistencial, aumentar su volumen de negocio y sanear sus cuentas (en el primer concurso sólo se le adjudicó la atención especializada); la Conselleria de Sanidad pasó de pagar 240 euros por habitante y año a 420. A ello hay que agregar otras ventajas: se garantizan en La Ribera determinados servicios (radiodiagnósticos y anestesistas permanentes para las epidurales de los partos, entre otros) que, deliberadamente, no se prestan en centros públicos, en una decisión de carácter mucho más político que sanitario.
Ya desde los orígenes la estrategia estaba perfectamente diseñada. Por ejemplo, las áreas quirúrgica y de diagnóstico del Hospital de la Ribera contaban con unas dimensiones desproporcionadas para las necesidades de la comarca de la Ribera (ámbito de cobertura). Se tenía en vista, desde la fase de diseño, la derivación de pacientes y la financiación paralela. Otros hospitales que siguen el modelo público de gestión privada, como los de Dénia o Manises, no pueden, por razones de la mayor competencia en el sector, realizar estos desvíos de pacientes, y en consecuencia se hallan actualmente en situación de apuro económico.
Según el portavoz del área de Salud de Intersindical Valenciana, Rafael Reig, “no hay ninguna prueba empírica de que este modelo resulte más barato que la sanidad pública; en primer lugar, existe mucha opacidad informativa; pero, además, si fuera rentable nos lo venderían todos los días; tampoco se ha constatado una mejora en la calidad de la asistencia, ni se ha terminado con las listas de espera; hay casos en los que se ha dado cita para una operación de menisco al cabo de un año”. Asimismo, “a la empresa que gestiona el Hospital de la Ribera se le dan otras ventajas: es la Seguridad Social la que paga los materiales y medicamentos; por no hablar del trato al personal laboral: un trabajador con un salario equivalente al de otro de la sanidad pública tiene una jornada laboral un 20% superior”, explica el sindicalista.
El País Valenciano cuenta actualmente con cinco hospitales públicos de gestión privada, en los municipios de Alzira, Dènia, Torrevieja, Manises y Elx. A ellos se les sumarán próximamente los de Llíria, Gandía y Torrent (el número de hospitales públicos de referencia y comarcales se eleva a 18). ¿Quién está detrás de estos centros, agraciados por la concesión pública? En todos los casos, un consorcio formado por un socio capitalista y una compañía de seguros, a los que pueden agregarse otros socios menores (algunas veces constructoras o empresas del ladrillo ). En el accionariado de Ribera Salud están representados, con la mayoría de los títulos, Caja Mediterráneo (CAM), ahora en manos del Banco de Sabadell, Bankia (que pretende deshacerse de su capital en la empresa) y la aseguradora Adeslas; también, aunque con un porcentaje menor, la promotora Lubasa y Dragados y Construcciones. En hacerse con el capital de Bankia han manifestado su interés el Banco de Sabadell, la multinacional sueca Capio Salud y un grupo inversor de Juan Roig, propietario de Mercadona.
En todos los hospitales de estas características en el País Valenciano, Ribera Salud participa del negocio, aunque de manera compartida con diferentes aseguradoras privadas: DKV en Dènia; Asisa en Torrevieja; Sanitas en Manises y Asisa en Elx. Todo parece estar muy bien repartido. ¿Por qué razón? “El sector privado sanitario ha sido hasta hace poco testimonial en el País Valenciano; dicho de otro modo, no tenía capacidad suficiente para asumir la gestión de la sanidad en su conjunto, que es realmente el objetivo político del PP; lo que se está haciendo es introducir a las empresas privadas con experiencia en gestión sanitaria en la sanidad pública, parasitándola, pero gradualmente, haciendo tiempo para que el sector privado vaya ampliando su volumen de negocio y adquiriendo la infraestructura necesaria; el fin es poder gestionar finalmente toda la sanidad pública; el final de la hoja de ruta es el modelo norteamericano”, explica Rafael Reig.
En este proceso hay un elemento decisivo: cerca del 50% del gasto en la gestión privada de los hospitales procede del capítulo de personal; y es en este punto donde las empresas ponen el foco. Las empresas aspiran fundamentalmente, y lo afirman bien a las claras, a la gestión del personal. “Si ganan dinero es porque reducen plantilla y recortan en gasto corriente, material sanitario y servicios al usuario”, asegura el portavoz de Intersindial valenciana. Además, las empresas se aprovechan de la situación de asfixia económica de la Generalitat: el Gobierno Valenciano ha tenido que renunciar al pago anual que pretendía cobrar a las empresas adjudicatarias, que además seguramente controlarán totalmente a medio o largo plazo la gestión del personal.
Por lo demás, estos centros públicos de gestión privada no son, ni mucho menos, exclusivos del País Valenciano. Al frente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre los ha promovido hasta el punto de que todos los nuevos hospitales públicos son de estas características; por ejemplo, el Hospital Infanta Elena (Valdemoro); el Hospital de Henares (Coslada); Hospital Sureste (Arganda del Rey); Hospital del Tajo (Aranjuez); Hospital Infanta Cristina (Parla); Hospital Infanta Leonor (Madrid), Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda). Frente al modelo valenciano, sin embargo, los centros hospitalarios promovidos por la lideresa mantienen la gestión pública del personal sanitario (no el resto de los ámbitos de gestión).
Otro factor añadido a la presión de los negocios privados sobre la sanidad pública es el final de la burbuja inmobiliaria , y la necesidad de reorientar los capitales hacia nuevos nichos de inversión. En muchos casos, las empresas constructoras de obra pública y del ladrillo se anticiparon a la crisis y empezaron a invertir en hospitales, en una tendencia que continúa hoy. Además de Lubasa y Dragados y Construcciones, con presencia en el Hospital de la Ribera, Acciona se halla entre los accionistas de la empresa que gestiona el hospital de Torrevieja; Son Espases, el mayor centro hospitalario de Palma de Mallorca, está participado en un 49,5% del capital por Iridium, del grupo ACS (la constructora de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid); el Hospital de Torrejón tiene entre sus accionistas a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Globalvia Infraestructuras y al Grupo constructor Alpine; Dragados y FCC también están presentes en el Hospital de Son Dureta (Palma de Mallorca), entre otros ejemplos.
En toda esta maraña de intereses empresariales tampoco faltan las conexiones políticas. Algunas muy notorias. En el accionariado de Capio Salud (multinacional sueca que en el estado español controla o participa en la gestión de 28 centros sanitarios), figuran personajes como el exministro de Economía y expresidente del FMI, Rodigo Rato, y el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela; familiares de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; y Teresa Echániz Salgado, hermana del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado; Por otra parte, el actual conseller de Sanitat de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, alcanzó este cargo tras dirigir la patronal catalana de hospitales. También trajo cola la privatización en el País Valenciano del servicio de resonancias magnéticas de los hospitales públicos, del que se beneficiaron empresas de Carlos Paz, íntimo amigo de Eduardo Zaplana (expresidente del Gobierno Valenciano) y del diputado autonómico del PP, Luis de la Concepción.
Actualmente, nos hallamos en la primera fase de la hoja de ruta neocon aplicada a la salud, resume Rafael Reig. “Los poderes públicos todavía garantizan el derecho a la salud, es decir, la atención sanitaria gratuita; pero la prestación de servicios y la atención a los pacientes está poniéndose paulatinamente en manos del sector privado; en una segunda fase se pretende la privatización absoluta de la salud; que la atención sanitaria dependa del poder adquisitivo; ¿Qué es, si no, el copago ?”, se pregunta.
Por lo demás, “la atención sanitaria pública, universal y de calidad es un derecho ciudadano, independiente de la condición social o lugar de residencia. La progresiva aplicación de políticas neoliberales, que desmantelan el Estado del Bienestar y favorecen la privatización de la sanidad, daña nuestra salud y aumenta la desigualdad. Como si fuera una mercancía más, la sanidad pública está en venta : se cierran centros de atención primaria, urgencias y quirófanos, aumentan las listas de espera, se amplía el repago…La ciudadanía debe saber lo que nos jugamos: perder un derecho esencial conseguido tras largas luchas sociales”, concluyen Carles Muntaner, Clara Valverde, Gemma Tarafa y Joan Benach en el libro “La sanidad en venta” (Icaria).
Fuente -
www.rebelion.org/noticia.php?id=157699 
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