Cinco meses después de su retirada de la política, se empieza a hacer balance del presunto robo masivo de dinero público por parte de políticos del PP o de empresarios vinculados a ellos.
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Caso Gürtel: cinco dirigentes conservadores de la confianza de Camps imputados. Se les acusa de amañar contratos a favor de empresas de la trama corrupta, al tiempo que esta misma red les ayudaba a financiar de manera ilegal el partido.
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Caso Brugal: analiza si la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, recibió regalos y favores de un constructor a cambio de darle información privilegiada sobre los planes urbanísticos del Ayuntamiento. Pese a que el caso ya estaba siendo investigado, Camps premió a Castedo con un escaño en el Parlamento autonómico. En el norte, Camps apoyó y elogió la gestión de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación, pese a estar imputado por siete delitos contra la Administración pública.
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Depuradora de Pinedo: su desfalco podría alcanzar los 40 millones de euros, efectuado por miembros del PP de Valencia.
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Contratos con la entidad presidida por Iñaki Urdangarin, que se embolsó 3,5 millones gracias a varios convenios.
- Fuera del ámbito judicial, los pagos al arquitecto
Santiago Calatrava, que recibió más de 17 millones de euros por proyectos que nunca se llevaron a cabo.
Durante años, los partidos de la oposición solicitaron los contratos con Calatrava y las empresas de la trama Gürtel y los convenios con Urdangarin, entre otra documentación. La respuesta de la Administración fue, sin embargo, la ocultación de los datos. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) condenó en junio a la Generalitat a mostrar los contratos menores con la trama Gürtel a la oposición. El Gobierno regional, sin embargo, optó por recurrir la sentencia al Tribunal Supremo y todavía no los ha mostrado.
El sucesor de Camps, Alberto Fabra, prometió al principio de su mandato aumentar la transparencia. En los meses siguientes, hizo algunos gestos en este sentido, como mostrar algunos de los contratos firmados con Orange Market y con el arquitecto Santiago Calatrava. Sin embargo, Fabra sigue defendiendo la confidencialidad para negar convenios firmados con Urdangarin, y mantiene en sus escaños a seis imputados y dos implicados en casos de presunta corrupción.
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