Mientras el presidente de la Generalitat, Artur Mas, acompañaba al Rey en Barcelona en la entrega de despachos judiciales a los nuevos 134 jueces, su partido hacía posible que el Parlament vaya a debatir una proposición de ley que pretende que, como no es posible quitarla, sea cada administración pública la que decida la ubicación de la bandera española para que quede «oculta» tanto en el interior como en el exterior de los edificios públicos. La iniciativa es de Solidaritat per la Independencia (SI) y fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament con los cuatro votos a favor de CiU. Tanto el representante del PP como los dos del PSC están en contra. «Estamos ante una actitud muy irresponsable, vamos a debatir una ilegalidad porque la Ley es muy clara», lamentó a LA RAZÓN el portavoz parlamentario del Partido Popular, Enric Millo.
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Estaba claro que CIU la va a montar todo lo que pueda.